El gobierno de Felipe Calderón se acerca a su recta final. Aquí ofrecemos un relato de sus acciones contra el crimen organizado.
La
presidencia de Felipe Calderón nació políticamente golpeada. Después de
una elección muy cerrada el 2 de julio de 2006, como nunca en la
historia de México --con una diferencia de sólo 233,831 votos, el 0.56%
del total-- el candidato del PAN le ganaba la elección al candidato del
PRD, Andrés Manuel López Obrador.
Desde
el momento de la elección hasta la toma de juramento del nuevo
presidente, fijada por la constitución el 1 de diciembre, había cinco
largos meses, que fueron llenados con las protestas y acusaciones de
fraude del candidato perdedor.
En septiembre de 2006, el Tribunal
superior electoral, reconoció la existencia de irregularidades en los
comicios, pero Calderón fue declarado unanimemente presidente electo. La
corte electoral concluyó que las irregularidades eran menores y que no
eran suficientes para invalidar la elección. La decisión era obligatoria
de cumplir e inapelable.
Conforme se acercaba el 1 de diciembre,
día fijado para el juramento del presidente, la clase política mexicana
dio uno de los espectáculos más lamentables en la corta historia de la
democracia mexicana.
El 28 de noviembre, en un último intento por
impedir que Felipe Calderón tomara protesta, los diputados del PRD se
posicionaron en el estrado del salón de plenos del Congreso de la Unión.
Decididos, dijeron, a no permitir que Felipe Calderón tomara juramento.
Al
ver eso, los diputados del PAN hicieron lo suyo al intentar desalojar
del estrado a los perredistas. La situación quedó equilibrada con la
mitad del estrado tomada por el PRD, y la otra mitad ganada por el PAN.
La
Constitución establece que si el presidente electo no toma juramento el
1 de diciembre, ante el pleno del Congreso, la presidencia es declarada
vacante y el Congreso debe nombrar un presidente interno y llamar a
nuevas elecciones.
El 1 de diciembre amaneció con la tribuna
tomada por diputados opositores por un lado y por el otro apoyadores del
presidente electo.
Las policías federales y de la Ciudad de
México habían colocado barricadas en los alrededores del Palacio
Legislativo de San Lázaro para evitar disturbios y/o manifestaciones.
Mientras en el interior, perredistas y panistas seguían con sus
barricadas humanas, repartiéndose la máxima tribuna de la nación.
A
las 9:50 de la mañana de aquel 1 de diciembre de 2006, en medio del
estrado tomado, ante las cámaras de TV transmitiendo en cadena, ante
México entero observando el teatro de la nación, en medio de un griterío
ensordecedor, de los actores y del público, apareció finalmente el
actor principal: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Entrando por
una puerta trasera del Congreso, el presidente saliente y su sucesor,
auxiliados y protegidos por diputados del PAN, ayudantes y Estado Mayor,
subieron al estrado, llegaron hasta la tribuna y ahí se plantaron,
mientras los opositores seguían ocupando al menos la mitad del estrado.
Vicente Fox debía colocar la banda presidencial a su sucesor, pero éste
no esperó, sino que se la arrebató de las manos y se la puso él mismo en
el pecho. En seguida, ante el micrófono y a pesar de gritos y silbidos
ensordecedores, juró ante el mismísimo Congreso de la Unión, como la
Constitución manda. Felipe Calderón era presidente constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos.
Después del juramento, sonó una
grabación a todo volumen del Himno nacional, tras lo cual, el nuevo
presidente y su comitiva abandonaron el Congreso, cinco minutos después
de haber ingresado. El nuevo presidente se encaminó al Auditorio
Nacional para dirigir su discurso de inicio de gobierno, ante un público
de simpatizantes.
EN UNIFORME MILITAR
Tenía sus riesgos comenzar así una presidencia, más aun, tenía sus peligros. Estaba claro
que Andrés Manuel López Obrador continuaría su ofensiva política opositora radical. Ya había
anunciado que formaría un "gabinete de sombra", sus seguidores lo habían nombrado desde
noviembre de 2006 "presidente legítimo" en el Zócalo, y desde el principio del nuevo
gobierno llamaban a Calderón "presidente espurio".
Pero el "espurio" estaba en el poder real, lo que usualmente da mucho margen de maniobra
para establecer la agenda de la opinión pública. Los apoyadores del presidente Calderón
esperaban que pronto tomaría acciones que fijarían la agenda más allá de las acusaciones
de "fraude" y de "ilegitimidad.
En aquel diciembre de 2006, además de enfrentar un conflicto con profesores del estado de
Oaxaca, apoyados por miembros de organizaciones populares agrupadas en la APPO (Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca), apenas 11 días después de iniciado su gobierno, el
presidente Calderón envío 6 mil 500 militares a su estado natal, Michoacán, ante la petición del gobierno local, para
enfrentarlos contra el cártel de La Familia.
Esta acción, el 11 de diciembre de 2006, recibió el nombre de Operación Conjunta
Michoacán y los 6,500 militares servían de apoyo a la Policía Federal
Preventiva, y a la Agencia Federal de Investigaciones.
Ahí mismo se anunciaba que
miembros de la Policía Militar empezarían a ser transferidos a la Policía federal.
No era algo nuevo que el ejército mexicano participara en operativos anti narco, pues los
soldados llevan participando en estos desde los años cuarenta, sin embargo, desde aquel
entonces sus armas solían ser simples segadoras de mano para ayudar a erradicar a mano
cultivos de marihuana y amapola. En cambio, la acción comenzada el 11 de diciembre de
2006, era diferente. Después de mucho tiempo, era la primera acción que involucraba a
miles de efectivos de las fuerzas armadas contra presuntos criminales.
La Operación Conjunta Michoacán llamó la atención de inmediato y analistas políticos
apuntaron desde el inicio que constituía un buen golpe de efecto para contrarrestar los
recuerdos del accidentado inicio político del gobierno.
Desde entonces, escépticos y opositores mostraban inquietud acerca de
si era una estrategia correcta lanzar una fuerza policiaco-militar de tal magnitud contra
bandas de delincuentes que operaban imbricadas en la misma sociedad, que de hecho
formaban parte de la sociedad mexicana. Calderón y su gobierno, desde esos primeros días,
aseguraban
que el Operativo era "un
éxito".
Ese diciembre de 2006, los mexicanos festejaron las Navidades, mientras la Operación
Conjunta Michoacán continuaba.
Llegó el nuevo año, 2007. El 1 de enero, el secretario de Gobernación, francisco Ramírez
Acuña asistió en representación del presidente a la toma de posesión del nuevo
gobernador de Tabasco, Andrés Granier. Allí, en Villahermosa, los reporteros amontonaban
sus micrófonos frente al funcionario federal y le preguntaban si no existía el riesgo de
que la incursión de gran magnitud de las fuerzas policiaco-militares, desatara una lucha
interna entre los diferentes cárteles
El secretario
dio una respuesta que parecía tranquilizadora, o intentaba serlo: "Déjenlo
a los que saben de seguridad pública, de estrategias policiacas. Ustedes (los
periodistas) saben de periodismo, yo sé de política interior, vamos dejando que los
cuerpos policiacos determinen la estrategia a seguir".
Apenas un día después, el 2 de enero de 2007, se anunciaba que una operación policiaco-
militar similar a la de Michoacán sería enviada al norte de Baja California, a Tijuana,
donde opera el cártel de los hermanos Arellano Félix: era la Operación Conjunta Baja
California.
Día siguiente, 3 de enero de 2007. Felipe Calderón encabezó una
ceremonia en el
campo militar de Apatzingán, Michoacán, donde pasó revista a las tropas y
le rindió homenaje al Ejército. Allí se dejó ver ataviado con casaca y
gorra militar. Muchas personas han recordado desde entonces esa
escena, que fue transmitida por la televisión y reproducida en
fotografías por todos los
diarios. Usualmente, otros presidentes mexicanos habían asistido a ese
tipo de ceremonias
vestidos de civiles, pero entonces, el presidente decidía portar los
símbolos militares, en su papel de comandante supremo de las fuerzas
armadas.
Una parte de la opinión pública veía con aprobación --otros con
excepticismo o rechazo--
el acento que esto presagiaba para el tema de la seguridad pública, y
del papel que se
auguraba para el ejército, una de las instituciones que en México son
calificadas de más
confiables, al menos según las encuestas de opinión.
Un día después de que el presidente se dejara ver en casaca militar, el 4 de enero, se
anunciaba que la lucha se extendía al estado de Sinaloa. Con el pasar de las semanas se
publicaba en cascada, habría un Operativo Chihuahua, otro Operativo Culiacán-Navolato, en
Sinaloa, un Operativo Sierra Madre, en Sinaloa y Durango; otro Operativo Nuevo
León-Tamaulipas, un Operativo Guerrero y así sucesivamente.
Políticamente hablando, el golpe de efecto había sido dado. Gran parte de los medios y de
la opinión pública volteaban a ver las acciones ordenadas por el presidente. ¿No era la
seguridad uno de los mayores anhelos de la gente? Las operaciones contra el narco
tuvieron el efecto inmediato de contrarrestar la atención hacía el discurso de la
ilegitimidad y fraude que aún seguirían enarbolando la oposición del PRD y López Obrador.
El efecto de las espectaculares despliegues policiaco-militares había sido contundente
desde el punto de vista político. Los asesores del presidente seguramente se felicitaron
a sí mismos satisfechos. Entonces, desde el punto de vista práctico, sólo quedaba el
siguiente objetivo en esa lucha o "guerra" contra los criminales: ganarles.
EL SOCIO
La tarea de ganarles a las bandas criminales en una lucha policiaco-militar frontal no
iba a ser fácil para un país con policías mal pagados, así que no más de un mes después
de haberse lanzado aquel Operativo Conjunto Michoacán, el gobierno de Felipe Calderón
anunciaba que México tenía
un importante socio en la lucha contra el
narco.
Este no era un socio nuevo para México, pero sí era uno con el que para los gobiernos
mexicanos siempre había sido difícil cooperar en el tema del crimen organizado y el
narcotráfico. Incluso con presidentes tan propensos a acercarse a este poderoso e
importante socio, la cooperación en este rubro había sido todo menos tersa. Ni Carlos
Salinas ni Ernesto Zedillo lograron un buen trabajo conjunto en el tema del crimen
organizado y el narcotráfico con este vecino. Cuando Vicente Fox llegó a la
presidencia, la colaboración se profundizó como nunca antes, pero siempre dejó mucho que
desear para el gobierno de ese país socio.
La verdad es que
Estados Unidos es algo más que sólo un país socio que ofrece
"cooperación" en
el tema del narcotráfico. Washington ha liderado históricamente la lucha
contra el negocio internacional del narcotráfico en el continente
americano. Y esta gran potencia mundial suele tratar a sus países
"socios" como subordinados, en los que invierte grandes cantidades de
dinero, esfuerzo diplomático,
incluso tácticas moralmente cuestionables,
para convencerlos, inducirlos o forzarlos a destruir por la fuerza la
producción de drogas o a detener su tránsito, si es necesario con el uso
de sus ejércitos.
En cambio, Estados Unidos,
dentro de su propio territorio se ha limitado a implementar tácticas
policiacas contra sus ciudadanos que transgreden las leyes contra las
drogas.
No es por ello de extrañarse que Washington viera desde el inicio con muy buenos ojos la
decisión, aparentemente voluntaria, del presidente Felipe Calderón de utilizar la fuerza
militar contra las bandas organizadas. El gobierno de Estados Unidos, en ese entonces de
George W. Bush, ofreció de inmediato su ayuda y cooperación.
Desde muy temprano en el sexenio, en enero de 2007, los gobiernos
mexicanos y
estadounidense anunciaban que Washington ofrecía a México algunos
aviones, algunos
expertos, algunos aparatos de alta tecnología para detectar drogas. Nada
espectacular
aún. Sin embargo, pronto llegó el primer anuncio que indicaba que la
cooperación
México-Estados Unidos sería en este gobierno más sólida que de
costumbre. El 20 de enero de 2007, a las promesas de ayuda por parte de
Estados Unidos, México, respondió con un hecho importante: el
envío a Estados Unidos de un "pez gordo" del negocio del tráfico de
droga.
VERDADERAS CÁRCELES DE ALTA SEGURIDAD
Estados Unidos quería tener en una de sus cárceles a uno de los capos de la droga
supuestamente más importantes que operaban en México. Se trataba de Osiel Cárdenas,
presunto jefe del Cártel del Golfo.
Este hombre de entonces 39 años había sido capturado y puesto en la cárcel de "alta
seguridad" de la Palma, Estado de México, en 2003 por el gobierno de Vicente Fox.
Sin embargo, se sospechaba que Osiel Cárdenas seguía dirigiendo a su
organización desde esa cárcel de "alta seguridad". Por eso, Estados
Unidos quería que se lo enviaran para ponerlo en una prisión de alta
seguridad verdadera. Desde 2005 el gobierno de Vicente Fox prometió que
lo extraditaría, pero jueces mexicanos aún tenían pendiente el dar curso
a diversos
trámites judiciales y amparos interpuestos por el capo contra la
extradición.
Con Calderón el proceso se aceleró y aquellos últimos días de enero de 2007, Osiel, junto
con otros 9 narcos, eran entregados a agentes federales de Estados Unidos.
A partir de entonces México
ha extraditado a más de cien personas
acusadas de traficar drogas al país del norte. De ese número de acusados, los "peces
gordos" que han sido enviados son el mismo Osiel Cárdenas, Miguel Caro Quintero,
extraditado en febrero de 2009, y Benjamín Arellano Félix, enviado a cárceles
estadounidenses en abril de 2011. En la actualidad, hay varios supuestos jefes de
cárteles que enfrentan procesos de extradición a Estados Unidos, el más celebre de los
cuales es Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie",
capturado en agosto de 2010.
Las extradiciones a Estados Unidos de capos importantes capturados en países productores y
de tránsito, ha sido una demanda fundamental de la política estadounidense contra el
tráfico internacional de drogas. México y Estados Unidos han firmado
tratados de
extradición que posibilitan dichos procedimientos, sin embargo, cierto sector de la opinión pública
en México ha cuestionado que los presuntos capos no cumplan primero sus sentencias
por delitos cometidos en territorio mexicano. La lógica que se suele invocar detrás de
las extradiciones a Estados Unidos es que los jefes del narco han logrado seguir operando
sus organizaciones desde las cárceles de México y otros países de Latinoamérica, y que
por el contrario, en Estados Unidos, sus prisiones de alta seguridad hacen tanto honor a
su nombre, que los prisioneros son condenados a un verdadero aislamiento del bajo mundo
del que eran amos y señores.
Los narcotraficantes temen en verdad la posibilidad de ser extraditados. Históricamente,
en Colombia, la violencia más encarnizada de los cárteles de la droga se desató cuando el
gobierno de Bogotá anunció que iniciaría procesos de extradición contra los capos de los
cárteles de Cali y Medellín. Especialmente este último, anunció que realizaría una
"guerra a muerte" contra el gobierno y así lo hizo, con olas de secuestros, masacres de
personas y atentados a principios de los años 90.
En México, la violencia que se ha agudizado a partir de 2007 no ha sido explicada como
una reacción de las mafias a las amenazas de extradición que penden sobre los capos, o bien estos no
han sido explícitos sobre ello, o bien la posibilidad no ha sido suficientemente
explorada como hipótesis para explicar el incremento de los hechos violentos de las
bandas.
UN YANQUI EN MÉRIDA
En marzo de 2007, el presidente estadounidense George W. Bush realizaba una visita a México
para reunirse con Felipe Calderón. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Mérida,
Yucatán. Entre los varios temas que son relevantes para la relación entre los dos países,
hubo uno que dominó el temario : el de la seguridad de la región, incluida la lucha
contra el crimen organizado.
En la reunión privada, según se sabe hoy, los presidente acordaron firmar un esquema de
colaboración en el tema de la seguridad y el tráfico de drogas, que contemplaría la ayuda
económica estadounidense a gran escala, como nunca antes había ocurrido.
Pasados algunos meses, en octubre de 2007, ambos gobiernos anunciaban el esquema de
cooperación, que se conoce desde entonces como Iniciativa Mérida (IM), llamada así por la
ciudad donde había nacido como idea.
El
esquema de ayuda estadounidense para combatir el
narcotráfico incluía también a los países Centroamericanos, aunque la
ayuda a México era
el componente principal.
El plan original contemplaba que Estados Unidos provería a México ayuda
por 1,400
millones de dólares en un periodo de 3 años. Se trataba de una cantidad
muy respetable. Como punto de comparación, el Plan Colombia proveyó
ayuda estadoundiense por 7,440
millones de dólares en un periodo de 10 años. Así que 1,400 millones de
dólares durante
tres años no estaban nada mal como ayuda, sobre todo considerando que la
situación
mexicana no era tan grave como la colombiana, al menos no en 2007...
Desde entonces, analistas, la prensa estadounidense y mexicana y los propios gobiernos
han saludado la Iniciativa Mérida como un esquema "histórico", "sin precedentes", que
"marca un hito en la cooperación bilateral en el tema de seguridad" y otros
términos rimbombantes. Sin embargo, en los hechos, la ayuda ha fluido de forma mucho más
lenta de lo previsto.
AYUDA A CUENTAGOTAS
La ayuda contemplada en la Iniciativa
Mérida no incluye la
presencia militar estadounidense en territorio mexicano --esto a
diferencia del Plan
Colombia, que sí tuvo un componente militar importante--. Según la IM el
dinero debía ir hacia tareas de capacitación a las policías mexicanas,
para la compra
de equipos de detección de drogas de alta tecnología y a la ayuda para
reformar y mejorar
el sistema judicial mexicano, entre otras acciones.
Ahora bien, el dinero de la Iniciativa Mérida no es entregado al gobierno mexicano
directamente, sino que es pagado a contratistas del Pentágono y de otras agencias de
Washington para que éstos provean a México con equipo y programas de capacitación.
El 27 de junio de 2008, por fin, el Congreso de Estados Unidos aprobaba la entrega de los
recursos para la Iniciativa Mérida. Pero el flujo de estos hacia las tareas para
las que fueron asignados ha sido
mucho más lento de lo prometido.
En junio de 2011 se cumplieron los tres años en que se tenía previsto entregar los
recursos y para entonces sólo se habían canalizado 402 millones, del total prometido de
1,400 millones de dólares, de acuerdo con
el Servicio de Investigación del Congreso
estadounidense (CRS por sus siglas en
inglés)
La causa de este lento flujo de la ayuda no está muy clara, pero el fondo parece ser el
debate en el Congreso estadounidense en torno a dudas de que el dinero de la IM pudiera
beneficiar a agencias policiacas mexicanas que puedan tener un récord negativo en materia
de derechos humanos --hay leyes estadounidenses que prohiben otorgar dinero a
corporaciones sospechosas de violentar garantías individuales--. Asimismo, el gobierno y
el Congreso estadoundienses siguen estudiando la forma en que deben ser gastados los
recursos para México. En conclusión, Washington no parece tener mucha prisa por canalizar
la ayuda monetaria para la lucha contra el narcotráfico.
Eso es lo que ha obtenido México de su sociedad con Estados Unidos en materia de
combate al crimen organizado: 402 millones de dólares--en especie--, más la promesa de
aproximadamente 1 mil millones de dólares más, en un tiempo por venir. Pues bien, ¿qué ha
obtenido Estados Unidos a cambio de esa "inversión" y de sus sociedad con México?
'COMO ELIOT NESS'
La realidad es que el gobierno mexicano no requeriría como prioritaria la ayuda
estadounidense para realizar operativos contra las bandas organizadas en su territorio. O al menos
no, en vista del gasto sin precedentes que en materia de seguridad ha ejercido el estado
mexicano desde 2007. Tan solo para el año que corre, 2011, el presupuesto programado para
el rubro de seguridad pública
es de casi 10 mil millones de
dólares.
Ha sido el estado mexicano --es decir los contribuyentes mexicanos-- quien ha financiado
casi al completo las acciones que se han llevado a cabo contra el crimen organizado.
En enero de 2009, el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, subió al poder y en
lo que respecta a México, anunció que continuaría la política de cooperación en el tema
de seguridad, iniciada por Bush, incluida la continuación del prometido plan Mérida.
Pocos meses después de haberse convertido en mandatario, un día de marzo de 2009,
Obama elogió públicamente, en un programa de Tv, la lucha del presidente Felipe Calderón
contra el crimen organizado y
la comparó con la lucha del famoso Eliot
Ness, aquel agente federal que en los años 20 luchó en Chicago contra la
mafia del tráfico clandestino de alcohol de Al Capone.
El detalle de Obama llamó poderosamente la atención en la prensa mexicana. Algunos
caricaturistas y articulistas hicieron escarnio de la comparación, representando a
Calderón con chaleco, tirantes, sombrero de los años 20, y portando una metralleta, un look
propio de la serie "Los Intocables".
Al mismo presidente Calderon la comparación no parece haberle hecho mucha gracia, pues
cuando un grupo de reporteros le pidió su opinión al respecto, el mandatario simplemente
guardó silencio con seriedad.
Esta comparación hecha por Obama pareciera una anécdota trivial, un tanto cómica y quizá
desafortunada pero vale la pena analizarla un poco: para un estadounidense --y aún más, para un estadounidense de Chicago como
lo es Obama-- Eliot Ness es un auténtico heroe popular, una figura histórica que es
considerada arquetipo del policía idealista, incorruptible, con una moralidad a toda
prueba, aunque un tanto trágico, si tomamos en cuenta que su lucha contra la prohibición
alcohólica tuvo irónicamente poca repercusión al terminarse la prohibición.
Así que en realidad el comentario de Obama no llevó malicia alguna ni fue desconsiderado,
muy seguramente, desde el punto de vista del pueblo estadounidense, fue un profundo
halago. Y es que los estadounidenses parecen tener razones para elogiar a México, a
Calderón y su esfuerzo contra el crimen.
SATISFACCIÓN ESTADOUNIDENSE
No solo Obama, sino todo su gobierno en Washington, y la sociedad estadounidense en
general, tienen motivos para estar a gusto con el esfuerzo mexicano contra las
organizaciones criminales. Aunque del lado mexicano, existen dudas de que el gobierno de
Felipe Calderón esté ganando la "guerra" contra las bandas criminales, en medio del
esfuerzo mexicano ha ocurrido un fenómeno que es de llamar la atención, con respecto a
las ciudades estadounidenses en la frontera con México.
En la actualidad, y según las últimas estadísticas generadas en 2010, los indicadores
arrojaban que las ciudades de Estados Unidos en las fronteras con México eran las más
seguras de ese país,
"y se ponen cada vez más
seguras", como reza una frase en un artículo periodístico de 2010 al respecto.
Un reporte del FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos) de 2010
arrojaba que entre las ciudades con menos indicadores de crimen y violencia en sus calles
se encontraban San Diego, California y El Paso, Texas. Justamente ciudades
que se encuentran frente a localidades mexicanas muy violentas. San Diego frente
a Tijuana; y El Paso frente a Ciudad Juárez. Esta última se ha convertido tristemente en
el símbolo de la violencia más encarnizada en los últimos años en México.
Este fenómeno de extremos, de ciudades violentas que se encuentran junto a ciudades que
son ejemplo de seguridad
no ha sido suficientemente estudiado, ni por supuesto explicado.
Más aun porque tanto unas como otras ciudades forman parte por igual del mercado de
tráfico y consumo de drogas ilegales. Es decir, tanto Ciudad Juárez como El Paso son
puntos de entrada y tránsito de drogas ilegales hacia el gran mercado que es Estados
Unidos, y ellas mismas forman parte del mercado de consumo. Pero el resultado es: una
sociedad convulsionada por hechos de violencia constantes, y otra con paz social y un
entorno urbano óptimo para sus habitantes.
A pesar de ello, la opinión pública estadounidense sí ve con inquietud la violencia que
está ocurriendo en México a propósito de la lucha contra bandas organizadas. Nunca antes
en la historia de la guerra contra el narco, un episodio tan cruento había tenido lugar
en las inmediaciones de los Estados Unidos. En décadas anteriores, la lucha que
Washington ha apoyado y patrocinado contra los cárteles de la droga se había dado en las
selva amazónica colombiana, o en las laderas de los Andes en Bolivia y Perú. Pero hoy, la
violencia está ocurriendo "en el patio de enfrente" de los estadounidenses, a pesar de la
relativa paz social de la que gozan, en comparación con gran parte de México
SOLDADOS ANTIDROGAS
La
polémica del uso del ejército mexicano para hacer cumplir leyes
dirigidas a civiles ha acompañado el esfuerzo contra el crimen
organizado desde diciembre de 2006.
El gobierno federal ha admitido que se han desplegado alrededor de 50,000 soldados en
operativos contra las bandas del narcotráfico. Se trata quizá de una
tercera o cuarta parte del total de efectivos con que cuentan las
fuerzas armadas mexicanas --la Sedena no ofrece información detallada
sobre su personal activo, sin embargo, en el presupuesto de Egresos 2011 se mencionan alrededor de 250,000 plazas, entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina---.
Desde el inicio del sexenio, el gobierno federal admitió que existía un grave problema de deserción en el Ejército mexicano.
Cientos, quizá miles de soldados desertaban cada año y era muy probable
que parte de estos efectivos estuvieran pasándose a trabajar para los
cárteles de la droga.
Recientemente, en julio de 2011, la Sedena admitió que desde 2006 habían desertado 40,391 soldados,
y que el ejército trataba de contrarrestar esto con un gran esfuerzo
para reclutar jóvenes campesinos y de las clases bajas urbanas,
ofreciéndoles una carrera militar. Según la Sedena, en el mismo periodo
había logrado reclutar a 80 mil 808 elementos, en su mayoría soldados
rasos.
A pesar de estos problemas del ejército, existe un
consenso general de que esa institución es una de las más confiables del
país, al menos en comparación con las policías. El gobierno de Felipe
Calderón aseguró desde el principio que el uso de las fuerzas armadas
era un recurso temporal que estaba justificado en el hecho de que la
actividad del crimen organizado se había vuelto un asunto de seguridad
nacional.
Según este razonamiento, las mismas policías mexicanas
--quienes son a las que legalmente correspondería luchar contra el
crimen civil-- han sido infiltradas y corrompidas por los grupos
delictivos, por lo que una de las promesas del actual gobierno es que se
realizará una restructuración de las policías federales, estatales y
municipales, de forma que una vez modernizadas --lo cual podría llevar
varios años más--, se permitiría al Ejército regresar a sus cuarteles.
La Policía Federal se ha ido convirtiendo en una policía moderna, parecida a la que necesita un país como México, sin embargo, en México existen un total de 3,000 corporaciones policiacas,
entre estatales y municipales, la mayoría de las cuales tienen agentes
mal pagados y mal equipados. Estas corporaciones contienen alrededor de
400,000 agentes de policía, muchos de los cuales, no se ganan la vida
sólo con sus magros sueldos policiacos, sino que realizan un doble
trabajo, ofreciéndole un servicio que es clave para los capos del
narcotráfico.
Usualmente,
en México se habla de los cárteles del narcotráfico "corrompen" a
agentes, mandos policiacos y militares y a funcionarios del gobierno.
Se habla también de que es necesario erradicar esta "corrupción".
El
problema es que dicha "corrupción" no es sólo un problema moral, sino
que se trata de un fenómeno económico, que consiste en que los cárteles
mexicanos invierten buenas cantidades de dinero en comprar un servicio a
los funcionarios del gobierno --desde agentes de policía hasta
funcionarios de gran nivel--.
LAS VÍCTIMAS / BAJAS DE LA 'GUERRA'
En agosto de
2010, después de tres años y medio de comenzados los operativos
policiaco- militares, el gobierno federal daba a conocer por primera vez
una cifra oficial de personas muertas por homicidios del crimen
organizado y por enfrentamientos entre las mafias y las fuerzas
policiacas y militares.
El número aportado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación) era en agosto de 2010 de 28,000 personas fallecidas.
Era
una cifra que representaba un promedio de 21 muertos diarios por causas
violentas relacionadas a la violencia del narcotráfico, desde diciembre
de 2006.
Después, el 12 de enero de 2011, el propio gobierno
federal actualizó el número a 34,612 personas muertas en poco más de
cuatro años de sexenio, con lo que el promedio diario subía a 23.1
personas, o sea casi un muerto por cada hora transcurrida desde el
último mes de 2006.
Esos 34,612 fallecidos es la última cifra
oficial que ha aportado el gobierno. Para julio de 2011, la mayoría de
los medios de comunicación se atreven a aventurar cifras que van desde 40,000 a 50,000 muertos por la violencia del crimen organizado.
De
acuerdo con el propio gobierno, en el sexenio, para julio de 2011 han
muerto en cumplimiento del deber en la lucha contra el crimen organizado
"2,886 agentes del orden, entre militares, marinos, policías y hasta agentes del Cisen".
Aunque
el gobierno no lo ha mencionado, se infiere que del total de muertos
hay un número no especificado de personas "inocentes", es decir, que han
fallecido accidentalmente, por el fuego cruzado en los enfrentamientos,
por la brutalidad de los narcotraficantes o incluso por el abuso de
algunos elementos del ejército y de la policía federal.
Aparte de
los policías y las víctimas inocentes, se sigue que la gran mayoría de
los fallecidos son personas relacionadas de una forma u otra con el
crimen organizado y que por lo tanto han sido "abatidos" en
enfrentamientos con las autoridades o en vendettas entre mafias.
Lejos
de aminorarse con el paso de tiempo, las cifras de personas muertas en
hechos violentos relacionados con el crimen organizado han crecido año
con año hasta mediados de 2011.
Aparte de las menciones de los medios periodísticos, ha habido académicos que han analizado las cifras de fallecimientos.
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS CIFRAS?
No
puede ser una exageración decir que el número de muertos causados por
la violencia ligada al narcotráfico ha sido el aspecto más doloroso de
la guerra, o lucha contra el crimen organizado que ha llevado a cabo el
actual gobierno federal.
Más allá de las emociones que brotan al
escuchar una cifra alta de muertos ¿Qué significan las cifras? ¿Qué
implica un número de decenas de miles de muertos en 5 años en un país de
112 millones de habitantes? Aquí es donde entrar los académicos, en
especial los sociologos, expertos en ciencia política con formación en
manejo de estadísticas.
En este periodo de tiempo, de diciembre
de 2006 a la fecha los estudios académicos sobre este problema no son
abundantes, pero sí ha habido algunos que son de llamar la atención.
Uno
de los más célebres y comentados fue publicado a mediados de 2009, es
decir, un año antes de que el gobierno diera a conocer la primera cifra
oficial, de 28,000 muertos por la violencia del narcotráfico.
El
estudio fue publicado por el Colegio de México y realizado por el
sociólogo y profesor de esa institución Fernando Escalante Gonzalbo.
Llevaba el título de "El Homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística".
En términos generales Escalante Gonzalbo había encontrado, a través del
análisis de las estadísticas arrojadas por las actas de defunción
levantadas por autoridades judiciales y recogidas por el INEGI
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) que la tasa
de homicidios por cada 100,000 habitantes había disminuido en México de
1990 al año 2007.
El mismo investigador calificaba de
"desconcertante" comprobar que la tasa mencionaba hubiera disminuido de
un máximo de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1992, a un
mínimo de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007, es decir, en
el primer año del gobierno de Felipe Calderón.
Aunque había
zonas de México más violentas que otras, el índice de homicidios de 2007
ubicaba a México muy por debajo de los niveles de violencia de países
como Colombia y Venezuela. El estudio de las estadísticas arrojaba en el
periodo estudiado, según Escalante Gonzalbo, que el índice de muertes
violentas en México era mucho más parecido al de Estados Unidos, que al
de países mucho más violentos, como Colombia, aunque aún lejos de países
mucho menos violentos como los de Europa occidental o Chile y
Argentina.
Un artículo en la revista Nexos, donde Escalante Gonzalbo exponía los resultados de su investigación, se puede consultar aquí. Este
estudio fue ampliamento comentado por articulistas y columnistas en la
prensa mexicana y por comentaristas en la televisión. La mayoría
llamaban la atención sobre el hecho de que el estudio relejaba que una
cosa era la violencia retratada y magnificada en los medios de comunicación, descabezados y muertos por enfrentamientos, y otra cosa muy diferente era la verdad estadística, que indicaba que México era un país con un nivel moderado de violencia.
En
cierta medida, los resultados estadísticos arrojados por Escalante
Gonzalbo parecían tranqulizadores. "No estamos tan mal, después de todo.
México no es tan violento como nos imaginábamos", parecía ser el
mensaje general como consecuencia de la difusión del estudio.
Después de difundido este primer artículo a mediados de 2009, Escalante Gonzalbo, publicó en la revista Nexos un seguimiento del tema,
en enero de 2011. Esta vez, el investigador del Colegio de México
tomaba en cuenta en su estudio las estadísticas de homicidios de los
años de 2008 y 2009.
Los resultados de este nuevo estudio de
Escalante eran aun más desconcertantes que los del primero, pero sin
duda esperables: a partir de 2007, el índice de homicidios por cada
100,000 habitantes se había disparado abruptamente en la totalidad del
territorio mexicano, "por encima de toda lógica social y toda tendencia
estadística previa", concluía el investigador.
Más aun, el
profesor del Colegio de México sostenía que era estadísticamente
comprobable que el súbito y pronunciado aumento de homicidos en
2008-2009 había sido especialmente fuerte en los lugares donde el
gobierno federal había decidido realizar los operativos
policiaco-militares contra el narcotráfico.
Aunque lo expresado
en el párrafo anterior podría ser de sentido común, para cualquiera que
lee los periódicos, se trataba de algo de gran valor que un estudio
académico sostuviera una afirmación así con cifras y datos.
La
actualidad, detalle y profusión de gráficas y datos, hacen muy
recomendable la lectura atenta del artículo de Escalante Gonzalbo,
titulado "Homicidios 2008-2009: la muerte tiene permiso", y que puede consultarse aquí.
A
diferencia del primer artículo, este segundo ya no fue tan comentado en
otros medios, ni en los canales de televisión. El estudio fue recibido,
para quienes tuvieron acceso a él, en general con escepticismo, con
cuestionamientos sobre su metodología-- y azoro.
El valor de los
estudios académicos es que sin son suficientemente serios, otros
expertos pueden criticarlos, evaluarlos, y en su caso refutarlos o
comprobarlos. En este caso, José Merino, experto en ciencia política y
profesor del ITAM, escribió artículos criticando la que considerada una
apresurada conclusión de Escalante Gonzalbo al establecer una relación
directa entre el aumento del índice de homicidios y el momento y lugares
donde el gobierno federal realizó los operativos policiaco-militares.
Meses
después de esas primeras críticas que realizó al artículo de Escalante,
José Merino publicó en junio de 2011--también en la revista Nexos-- su propio estudio,
ampliando las fuentes de datos y variando la metodología estadística.
Merido se declara él mismo sorprendido de confirmar la conclusión a la
que había llegado Escalante. Tres bases de datos diferentes disponibles
sobre los homicidios ocurridos en México entre 2008 y 2009 arrojaban una
relación clara entre el incremento pronunciado de estos delitos y los
lugares y los tiempos en que el gobierno federal había lanzado los
operativos policiaco militares.
Nuevamente, se recomienda altamente la lectura del artículo de José Merino. Leer aquí
La
difusión de ambos estudios el de Escalante y el de Merino, coincidió
con un tiempo --los primeros meses de 2011-- en que un grupo de medios
de comunicación, incluidas las dos televisoras de cobertura nacionales,
Televisa y TVAzteca, estaciones de radio y varios periódicos acordaban
limitar sus coberturas de los hechos violentos.
MENOS MUERTOS... EN LAS PANTALLAS
Desde
el comienzo de los operativos policiaco-militares en diciembre de 2006,
los medios de comunicación en general realizaron una amplia cobertura
de los hechos violentos y significativos.
Las
coberturas informativas abarcaban las acciones mismas del gobierno, los
resultados obtenidos como decomisos y captura de presuntos culpables,
hasta las acciones perpetradas por los narcotraficantes, como
asesinatos, ejecuciones múltiples, o atentados, como los ocurridos con
granadas en la plaza principal de Morelia, el 15 de septiembre de 2008.
La
cobertura de la violencia, ha generado desde siempre un gran éxito de
audiencia para televisoras, estaciones de radio, revistas y periódicos.
No sólo porque la violencia en sí muy llamativa para cualquier público,
sino porque se trata de hechos que en muchos casos tocan de cerca la
vida de las personas: una balacera o un operativo contra
narcotraficantes podría suceder cerca de la casa del espectador, o bien,
una persona conocida podría haber sido víctima de secuestro. Era claro
que la violencia estaba acercándose cada vez más al común de las
personas y estas querían estar enteradas de lo que ocurría.
En
particular, las dos televisoras nacionales, Televisa y TVAzteca hacían
una cobertura más o menos amplia de los hechos cruentos, con muy buenos
resultados de rating
Uno de los climax informativos y de audiencia ocurrió después de que el 30 de agosto de 2010, la policía federal capturara a Edgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie",
quien presuntamente paso a ser el capo del cártel de los hermanos
Beltrán Leyva, desde que el patriarca de esa organización fuera
asesinado en diciembre de 2009, por infantes de la Marina.
A
pesar de no ser un narcotraficante que estuviera por encima de todos
los demás en poder, su apostura física, su forma de vestir a la moda, lo
ridículo de su apodo, y la actitud bonachona que mostraba ante las
cámaras al ser presentado por las autoridades ante los medios de
comunicación, llamaron de inmediato la atención de la audiencia en
televisión y prensa.
Tras la captura de "La Barbie", durante varios días, las televisoras nacionales obtuvieron y transmitieron en entregas diarias,
los videos de los interrogatorios que la PGR --a través de una sensual
voz femenina-- hizo a "La Barbie". La forma libre, sencilla y abierta en
que el presunto narcotraficante describía su vida cotidiana y detalles
de su trabajo, fueron un éxito de rating para las televisoras mexicanas.
Medio año después, el 18 de enero de 2011, la Policía Federal capturaba a Jorge Balderas Garza, alias el "JJ",
acusado de haber atentado contra el futbolista Salvador Cabañas, junto
con otro cómplice. Balderas Garza resultó ser un socio de "La Barbie" en
la venta de drogas, y nuevamente el tema concentró gran atención del
público a través de la televisión. "El JJ" también era físicamente bien
parecido y al ser capturado vestía el mismo tipo de playera que "La
Barbie" había puesto de moda.
Tanto Televisa como TVAzteca consiguieron la anuencia de la PGR para transmitir sendas entrevistas exclusivas, con "el narcotraficante de moda".
El
propio gobierno federal alentaba la cobertura noticiosa de lo que
consideraba éxitos en la guerra contra el crimen organizado: decomisos
de droga, detenciones de sospechosos. Sobre estos últimos, el gobierno
federal ha tenido la costumbre de presentarlos ante los medios de
comunicación, inmediatamente después de haber sido capturados, con lo
cual, según han externado diversos juristas y las comisiones de Derechos
Humanos, podría estarse violando el principio de la presunción de inocencia.
Sin
embargo, el presidente Felipe Calderón externó en diversas ocasiones su
desacuerdo con que los medios, al informar sobre acciones violentas
perpetradas por los narcotraficantes, pudieran, inadvertida e
involuntariamente, estar sirviendo como propaganda para las acciones de
las mafias.
Poco
más de cuatro años después del comienzo de la "guerra" contra el narco,
por fin los algunos medios decidían ponerse a sí mismos ciertos límites
en su cobertura de los hechos violentos.
El
24 de marzo de 2011, un total de 715 medios de comunicación --incluidas
las 2 televisoras nacionales, las principales estaciones de radio
comerciales y periódicos de circulación nacional como El Universal y
Milenio-- firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
De
la firma de este acuerdo se abstuvieron medios escritos de circulación
nacional como los diarios La Jornada, los de Grupo Reforma, la revista
Proceso y medios importantes a escala regional como El Diario de Juárez,
El Diario de Yucatán o Tabasco Hoy y otros.
El Acuerdo era una
lista de principios que, según se asegura en el mismo, estaba inspirado
en documentos similares firmados por medios en otras "democracias" que
enfrentan hechos de violencia perpetrados por grupos que usan "tácticas
terroristas".
El texto del acuerdo se puede consultar aquí.
Entre los puntos del Acuerdo para la Cobertura... destacan:
-Ponerse explícitamente del lado del gobierno en la lucha contra los criminales
-Evitar
"convertirse involuntariamente" en voceros de los narcotraficantes al
evitar difundir acciones que tengan fin propagandístico, y evitar el
lenguaje y la jerga empleada por los delincuentes.
-No prejuzgar culpabilidades. Los medios deben respetar en todo momento el principio de presunción de inocencia.
-Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.
-Proteger a los periodistas. Cada medio debe instituir protocolos y medidas de seguridad para sus colaboradores.
-Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.
-No
interferir en el combate a la delincuencia. No difundir información
"que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos
contra el crimen organizado o que comprometa la vida de quienes combaten
a la delincuencia (…)".
En
términos generales, se trata de una lista de lineamientos éticos que la
mayoría de medios de comunicación serios, en diversos grados, suelen
tomar en cuenta a la hora de guiar su labor informativa. Aunque
usualmente, cada medios en particular se reserva la tarea de regular su
propia labor éxica.
La interpretación del Acuerdo y sus posibles consecuencias dividió a la opinión pública independiente. Algunos aseguraban que fomentaría la autocensura de los medios participantes y
que atentaría contra el derecho a la información de la audiencia.
Algunos otros analistas pensaban que se trataba de un ejercicio
positivo.
Haya sido como haya sido, el resultado a partir de la
firma del Acuerdo, ha devenido en que los hechos violentos han perdido
protagonismo en las coberturas informativas en las televisoras
nacionales, en la mayoría de las estaciones de radio comerciales, y los
medios de prensa firmantes del acuerdo. Aunque los medios mencionados
han seguido cubriendo hechos que por su notoriedad sería imposible que
periodistas profesionales ignoraran, la cobertura ha quedado "diluida" o
detrás de otros temas noticiosos.
Un ejemplo es la masacre de por lo menos 183 personas
en la localidad de San Fernando, Tamaulipas, muy cerca de la frontera
con Estados Unidos, ocurrida después de la firma del Acuerdo. Los
cuerpos fueron descubiertos en fosas clandestinas a partir de los
primeros días de abril de 2011. Al mes siguiente, durante el mes de
mayo, fueron hallados 218 cadáveres en diversas fosas clandestinas en el estado de Durango.
Si
hecho similares hubiera ocurrido en otro país, si en Francia, España, o
Estados Unidos se hubiera encontrado centenares de ciudadanos
enterrados en fosas, la conmoción social, la presión hacia las
autoridades para aclarar el hecho hubieran sido mayúsculos, y la
cobertura por radio y televisión hubiera reflejado la magnitud del
hecho. Pero en México, con el nuevo Acuerdo la cobertura de esos
crímenes, en varios medios de comunicación, incluidas las televisoras
nacionales, quedó diluida, en un lugar secundario, detrás de otras
informaciones que se consideraron más relevantes, quizá porque se
consideró que su difusión en primer lugar serviría de propaganda a las
acciones del narcotráfico.
Fuente: Tabasco Hoy